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El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado las contabilidades de las elecciones autonómicas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia.
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado las contabilidades de las elecciones autonómicas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia.
Madrid, 29 de febrero
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado los informes de fiscalización de las contabilidades de cinco procesos electorales autonómicos celebrados el pasado 28 de mayo de 2023, en las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia.
Estas fiscalizaciones se refieren a las contabilidades de los ingresos y gastos electorales presentadas al Tribunal de Cuentas por las formaciones políticas como consecuencia de su participación en los referidos procesos electorales autonómicos. La fiscalización se ha extendido a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que cumplieron los requisitos exigidos para recibir subvenciones o que obtuvieron adelantos con cargo a las mismas por haberlas percibido en el proceso electoral anterior de la misma naturaleza.
Los objetivos de esta fiscalización han sido: analizar el cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y gastos electorales, así como examinar la regularidad de las contabilidades electorales presentadas al Tribunal de Cuentas por las formaciones políticas obligadas legalmente a ello.
Todos los partidos políticos y coaliciones electorales han presentado en plazo al Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral correspondiente a los citados procesos autonómicos, y lo han hecho a través de la Sede Electrónica de la Institución.
En cuanto a los ingresos electorales, las formaciones políticas han declarado recursos por un total de 5,87 millones de euros. La mayor parte de estos ingresos procedían de adelantos de subvenciones electorales y de aportaciones de las propias formaciones políticas a las campañas electorales. En las elecciones a Castilla-La Mancha los ingresos han sido de 1,99 millones, en Murcia 1,74 millones, en Extremadura 1,04 millones, en Cantabria 0,58 millones y en La Rioja 0,52 millones.
Los gastos electorales que han sido considerados justificados por el Tribunal de Cuentas han ascendido a 5,81 millones de euros, de los que 4,19 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 1,62 millones a operaciones de envío de propaganda electoral. En las elecciones a Castilla-La Mancha han sido de 2,18 millones, en Murcia 1,60 millones, en Extremadura 1,04 millones, en La Rioja 0,50 millones y en Cantabria 0,49 millones.
A este respecto, hay que tener en cuenta que las leyes electorales de Cantabria y Extremadura no contemplan la subvención por gastos de envío de propaganda electoral dentro de la financiación electoral, por lo que dichos gastos se han agregado a los gastos electorales ordinarios y se han computado a efectos del límite máximo de gastos.
El informe ha detectado algunas deficiencias respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales por valor de 133.584 euros, de los cuales corresponden a las elecciones de Cantabria 82.936 euros, a las de La Rioja 22.716 euros, a las de Castilla-La Mancha 20.265 euros y a las de Murcia 7.665 euros. El Tribunal considera que estos gastos no han sido correctamente justificados o no tienen naturaleza electoral al no ajustarse a los conceptos de gasto previstos en el artículo 130 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Por lo tanto, no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.
Ninguna formación política ha superado el límite máximo de gastos previsto para estas elecciones autonómicas, ni los límites establecidos en los artículos 55 y 58 de la LOREG, relativos a los gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio, respectivamente.
El Tribunal de Cuentas ha formulado propuestas de reducción de las subvenciones electorales por valor de 18.748 euros en los informes de fiscalización de las elecciones al Parlamento de Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia. Estas propuestas se realizan a los partidos políticos que han incurrido en determinados incumplimientos de la normativa electoral, los cuales figuran enumerados en una Instrucción aprobada por el Pleno para su aplicación en estos procesos electorales.
En todo caso, el control que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo en relación con los ingresos y gastos electorales no finaliza con las fiscalizaciones específicas de las contabilidades electorales, ya que éstas ha de ser integradas en las correspondientes cuentas anuales consolidadas de los partidos políticos, que son objeto de fiscalización con carácter anual.
Estos cinco informes de contabilidades electorales formulan una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno de España y al de las respectivas Comunidades Autónomas con el fin de que, atendiendo a sus respectivas competencias, ejerciten las iniciativas legislativas oportunas. Las recomendaciones también van dirigidas a la Junta Electoral Central, al prestador del servicio postal y a los propios partidos políticos.
Consulta los informes: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia.
Consulta los resúmenes: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia.
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Yolanda López
Directora de Comunicación
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