• El informe del Tribunal de Cuentas concluye que 179 millones provinieron de la financiación pública y 66 millones de la privada.
• 14 de las 25 formaciones fiscalizadas no cumplía en 2020 con la obligación de aprobar un sistema de prevención de riesgos penales.

Madrid, 28 de junio de 2024

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos, ejercicio 2020”. La fiscalización ha analizado las contabilidades de 25 formaciones políticas, que percibieron subvenciones anuales otorgadas por el Estado y por las Comunidades Autónomas para atender sus gastos de funcionamiento y de seguridad.

Los partidos políticos ingresaron 245 millones de euros en 2020, de los cuales 179 millones de euros (73%) provinieron de la financiación pública y los restantes 66 millones de la financiación privada (27%).

Respecto a los recursos públicos, la principal fuente de ingresos fueron las aportaciones de los grupos institucionales (58%), seguidas de las subvenciones estatales (31%). En lo referente a los recursos privados, las aportaciones de cargos públicos y las cuotas de afiliación representaron el 44 y 42% respectivamente.

El Informe concluye que las cuentas anuales de 3 de las 25 formaciones políticas no reflejan adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, 17 de ellas presentan salvedades y las restantes 5 tienen opinión favorable sin salvedades. Hubo 4 partidos políticos que no incluyeron en sus cuentas anuales la totalidad de la actividad de las organizaciones locales o de algunos partidos federados o coaligados, como es obligatorio desde el año 2017.

El Informe recoge determinados incumplimientos susceptibles de sanción previstos en el artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos. Estas supuestas infracciones podrían ser sancionables en vía administrativa por el Tribunal de Cuentas tras los procedimientos correspondientes. Estos posibles incumplimientos están relacionados con la falta de identificación de los donantes, la recepción de donaciones finalistas y de cuotas, aportaciones y donaciones en efectivo, así como por faltas al deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas.

En esta fiscalización se ha analizado el cumplimiento por los partidos políticos de sus obligaciones de publicidad activa, de la igualdad en sus órganos directivos, de la publicidad y concurrencia en su contratación, así como la obligación de aprobar un sistema de prevención de riesgos penales. Este sistema debe contar con elementos como un órgano de vigilancia, un mapa de riesgos, un canal ético o de denuncias, y un código de conducta, entre otros.

El informe concluye que 14 de las 25 formaciones analizadas no disponía de este sistema pese a que la obligación entró en vigor en 2015.

El Tribunal ha formulado un total de 28 recomendaciones con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión y de las cuentas anuales de los partidos políticos. Estas recomendaciones se dirigen al Gobierno, en su condición de promotor de las iniciativas legislativas, al Ministerio del Interior y a las propias formaciones políticas.

Enlace al resumen y al informe.